La recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros ordenará las finanzas y la rendición de cuentas ante el mal uso de recursos que han hecho las organizaciones no gubernamentales (ONG) con fondos de la cooperación exterior, consideran sociólogos y politólogos.
Dicha normativa «viene a llenar un vacío jurídico del cual se aprovechaban las ONG para desestabilizar social y políticamente la sociedad salvadoreña, realizando actividades que van desde la conspiración, pasando por el lavado de dinero, enriquecimiento de los directivos, desorden público y vandalismo», señaló el politologo Óscar Peñate Martínez.
Asimismo, argumentó que la normativa- que fue aprobada en la sesión plenaria del martes pasado con el respaldo de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC- era necesaria porque hay activistas que se hacen pasar como miembros de la sociedad civil, pero realmente son miembros de las ONG de fachadas de los partidos ARENA y el FMLN.
«Las ONG se valen de las necesidades de las personas más humildes como “modus vivendi” y generan acciones que atentan con la seguridad del Estado, porque responden a directrices globalistas, woke y a la agenda 2030», añadió el politólogo.
Mientras que el sociólogo René Martínez puntualizó que la normativa, aprobada con carácter especial, no tiene como finalidad silenciar las críticas contra el Gobierno, tal como intenta hacer creer la oposición política, sino evitar que las ONG instrumentalicen a las personas para fines políticos.
«No sean ignorantes, la Ley de Agentes Extranjeros no busca acallar voces críticas, busca impedir que con la coartada de trabajar en proyectos comunales o de beneficio social se manipule a la gente y se usen los fondos para atacar al Gobierno en un acto de injerencia extranjera», escribió Martínez en X.
El también sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez expresó ayer que la nueva normativa, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación oficial, «garantizará el buen uso y la transparencia de fondos» que reciben las ONG, y además será un mecanismo para financiar obras, programas y proyectos sociales, al establecer un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben dichas organizaciones.
