La Asamblea Legislativa aprobó hoy la Ley de Agentes Extranjeros, que plantea, entre otros aspectos, un impuesto del 30 % a las donaciones procedentes del extranjero que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Este nuevo marco jurídico, que tiene carácter especial tras su aval con 57 votos, establece que está sujeta a su cumplimiento «toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realice actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente, por un mandante extranjero».
La iniciativa de ley fue enviada por el Ejecutivo e ingresó a la agenda de la plenaria 56 con modificación de agenda, a través de una solicitud del jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció la semana pasada que enviaría al congreso el proyecto de ley, indicando que los recursos que se percibirán con el impuesto del 30 % servirán para atender, entre otras, las demandas por propiedad de las familias de la cooperativa El Bosque, en el distrito de Santa Tecla, que fueron estafadas por alcaldes de ARENA y del FMLN y que temen por la seguridad jurídica de sus inmuebles.
La aprobación de la normativa —que prevalece sobre cualquier ley que la contraríe— generó un debate entre diputados de las bancadas de Nuevas Ideas, ARENA y VAMOS. De hecho, los tres legisladores de los partidos de oposición votaron en contra. Guevara recordó que en el pasado reciente muchas ONG recibieron fondos públicos sin rendir cuentas y mucho menos transparentaron el uso de los recursos.
«Sé que alguien saldrá con el discurso de que esto atenta contra la democracia; en Estados Unidos la ley FARA data de 1938 y se hizo con el objeto de evitar que financiamiento extranjero encubierto de periodismo y lobistas interfiriera en la democracia del país», expresó Guevara.
El artículo 6 de la normativa establece que será creado el «Registro de Agentes Extranjeros como una dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial», agregando en su artículo 24 que las ONG cuentan 90 días, una vez entre en vigor la ley, para registrarse.
Al explicar el contenido de la ley, la diputada Suecy Callejas señaló que en El Salvador «no había existido un marco jurídico que regulara las actividades que realiza en nuestro territorio las personas naturales o jurídicas financiadas por una persona o agente extranjero».
Ernesto Castro, presidente del congreso, recordó que «son transes los que hacían en esta Asamblea» con diversas ONG. «[Ahora] estamos tomando las cosas bajo los marcos legales», señaló, refutando el discurso de los diputados de las bancadas de VAMOS y ARENA, que afirmaron que detrás de la Ley de Agentes Extranjeros está la intención del Gobierno de perseguir a las ONG.
Claudia Ortiz, de VAMOS, sostuvo que esta legislación representa un «debilitamiento para la democracia» y que representa «control y censura propia de gobiernos autoritarios».
Francisco Lira, diputado arenero, dijo que se busca una «mordaza contra quienes señalan los abusos y actos arbitrarios del Gobierno».
